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El veredicto de un tribunal
civil puede ser apelado
Condenan a generales a pagar $54.6 millones
García y Vides Casanova deberán
compensar a tres víctimas de tortura, por no evitar que sus tropas violaran
los derechos humanos.
Carlos Ramos, Bernardo
Valiente Los generales retirados José
Guillermo García y Eugenio Vides Casanova fueron condenados ayer por un
jurado de West Palm Beach, Florida, a pagar $54.6 millones en compensación a
tres demandantes salvadoreños que alegan haber sido detenidos y torturados
por las Fuerzas Armadas en la década de los 80. En el juicio civil, García y
Vides Casanova fueron encontrados responsables de no haber actuado para
detener violaciones a derechos humanos por parte de sus tropas en esos años,
en los que el primero se desempeñaba como ministro de Defensa y el segundo,
como director de la Guardia Nacional. El veredicto fue dictado tras
cuatro semanas de audiencias, en las que participaron dos ex embajadores
estadounidenses y los involucrados directos, tanto demandantes como
demandados. Kurt Klaus, abogado defensor de
los militares, dijo que iba a aconsejar a sus clientes que apelaran la
decisión, ya que “de todas maneras, no tienen dinero para pagar esa
cantidad”. Ambos generales, en entrevista
telefónica con LA PRENSA GRÁFICA, aseguraron que aún no habían determinado si
apelarían la sentencia, y que esa decisión la tomarían esta semana. “Ni
siquiera tenemos dinero para pagar la apelación”, aseguró Vides. Ninguno de
los dos se presentó a la Corte de West Palm Beach para escuchar la sentencia. Demandantes festejan
Los demandantes, Carlos
Mauricio, José Romagoza y Neris González, todos salvadoreños residentes en
Estados Unidos, se abrazaron a la salida de los tribunales. “A ellos no les dolió ver
masacrados e ignorado las masacres. Pero el dinero sí les duele”, expresó
González, de 54 años, a la cadena de televisión CNN. “Espero que esto permita que
(otras personas) traigan acusaciones contra aquellos responsables por
tortura”, manifestó por su parte Mauricio, un académico que asegura haber
sido detenido y torturado en los cuarteles de la Guardia Nacional salvadoreña
en junio de 1983. El caso se basó en la doctrina
de la responsabilidad de mando, que establece que los líderes militares
tienen la obligación de evitar que sus tropas cometan crímenes de guerra y
violaciones a los derechos humanos. |