De El Centro de Justicia y Contra la Impunidad
Sobre el Juicio de los Generales en los Estados Unidos

Para los propósitos de responsabilidad civil, el torturador ha pasado ser como el pirata o el comerciante de esclavos que le antecedieron hostis humani generis, un enemigo de la humanidad.
Irving R. Kaufman, Juez de Distrito de los Estados Unidos en el caso Filartiga v. Pena-Irala (2do Cir. 1980)


En vista del debate que procedió al juicio de los ex-Ministros de Defensa García y Vides Casanova, El Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), el cual inició la demanda legal, ofrece una explicación sobre el caso y sus resultados.

La demanda legal se basó en la ley de los Estados Unidos que permite que las víctimas de la tortura u otro abuso serio de los derechos humanos busquen reparaciones en contra de las personas responsables, ya sea que estas personas vivan o se encuentren de visita en los Estados Unidos. Al adoptar estas leyes, el Congreso de los Estados Unidos ha puesto en efecto el principio que las cortes o juzgados tienen "jurisdicción universal" para imponer penas en contra de las personas que cometen actos condenados por el mundo entero, como la tortura y los crímenes de lesa humanidad. El mismo principio era la base de los cargos de crímenes de lesa humanidad y tortura en contra del General Augusto Pinochet que resultaron en su arresto en Londres.

Los Generales han vivido desde 1989 bajo la protección de las leyes de los Estados Unidos
y el estado de Florida. Al hacerlo, ellos se sujetaban a estas leyes, irrespectivo de cualquier amnistía que pueda ser aplicable en las cortes de El Salvador. La Ley de Amnistía, promulgada por una Asamblea salvadoreña que formó sin elecciones inmediatamente después de la firma de los Acuerdos de Paz, ha sido criticada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión declaró que la Ley de Amnistía no puede eximir al Estado salvadoreño de la responsabilidad de investigar los abusos graves de derechos humanos, identificar a los responsables, imponer las sanciones, y asegurar que las víctimas tengan reparaciones suficientes, como requiere la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, la Comisión concluyó que la Ley de Amnistía viola el derecho internacional y se debe invalidarla.

Un jurado de 10 personas encontró sin disensión que nuestros clientes fueron torturados por miembros de la Guardia Nacional y de la Policía salvadoreña u otros actuando con tales fuerzas. La veracidad de las victimas nunca fue cuestionada por la defensa.

El jurado también encontró que los generales fueron responsables bajo la doctrina de "responsabilidad de mando" por los horribles actos de tortura perpetrados en contra de los demandantes. Este principio, bien establecido bajo el derecho internacional, no plantea que los comandantes son responsables por abusos aislados cometidos por un solo soldado. En cambio plantea que los comandantes son responsables por las acciones de sus subordinados bajo su control efectivo si estos sabían o hubieran sabido sobre los abusos sistemáticos que se estaban cometiendo sus subordinados y estos fracasaron en tomar medidas necesarias para prevenir los abusos o investigar y castigar a aquellos responsables de estos. El jurado, después de escuchar el testimonio y evidencia de ambos lados, concluyó que los generales conocían o debieron haber conocido sobre la tortura generalizada y las ejecuciones sumarias cometidas en contra de civiles por sus tropas durante el periodo de 1979-83 y estos fracasaron en tomar medidas razonables para prevenir estos abusos.

Testigos de los demandantes incluían Robert White, el Embajador de los Estados Unidos en El Salvador desde 1980 hasta 1981, una respetada catedrática Latino-Americanista que trabajó en El Salvador como investigadora del Congreso de los Estados Unidos, un experto argentino que conoce el sistema militar salvadoreño, individuos que trabajaban en El Salvador con la Comisión de la Verdad y con Amnistía Internacional, y un sacerdote testigo de los horrores de ese periodo. Los generales testimoniaron en su propia defensa. El único otro testigo era Edwin Corr, el antiguo Embajador de los Estados Unidos en El Salvador que asumió su cargo en 1985 posterior a los eventos en cuestión y después de que el General García se retiró.

Las víctimas de la tortura tienen el derecho importante de decidir si es apropiado buscar justicia y reparaciones. El Salvador y los Estados Unidos ambos se han comprometido a este principio cuando acordaron respetar Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ese tratado provee que cada Estado Parte debe prohibir el uso de la tortura y "velará por que su legislación garantice a la víctima de un acto de tortura la reparación y el derecho a una indemnización justa y adecuada". Casos en contra de aquellos responsables por la tortura son importantes no solo para ayudar a que las víctimas curen sus heridas del pasado, pero también para contribuir a que otros no cometan abusos similares en el futuro.

CJA es una organización pequeña. Solo tenemos recursos de presentar algunos casos al año. En consecuencia, escogimos nuestros casos según varios factores: la gravedad y la magnitud de los crímenes, la presencia en los Estados Unidos del demandado, la suma de evidencia que conecte al demandado a los crímenes, el grado de la culpabilidad del demandado en los crímenes, el apoyo que anticipamos de las comunidades perseguidas, y la probabilidad que el caso impida que otros cometan estos crímenes y como resultado si el caso contribuya al movimiento global contra la impunidad. Todos los factores eran pertinentes a nuestra decisión demandar a los generales.

Mientras que el jurado exigió que los generales paguen millones de dólares, ellos han dicho que no tengan el dinero. CJA intenta tomar medidas hacer cumplir el fallo en contra de los generales para implementar el penal impuesto por el jurado. Sin embargo, creemos que será muy difícil encontrar los activos de los generales y es posible que no recobremos nada. Si recibimos algunos de los activos, la primera porción se pagará a los abogados y otros que financiaron la investigación y el juicio, ellos que donaron miles de horas de su propio labor. Si se queda dinero después, los demandantes consultarán con las personas y las organizaciones que trabajan con las víctimas de los ex-generales para determinar la mejor manera de gastar el dinero. Los demandantes y sus familiares no se enriquecen como resultado del caso. No obstante, ellos ya nos enriquecieron a nosotros por buscar la justicia y sacar a la luz la verdad.

"He trabajado por 20 años para lograr la justicia para las víctimas de la guerra en El Salvador. El proceso y el juicio en este caso son los logros en una pelea larga y difícil, la pelea contra la impunidad. Es un caso en que todas las víctimas de El Salvador que no han sido capaces de ser demandantes surgidos y fueron representadas por estos hermanos y esta hermana. Cuándo yo asistí los primeros días del juicio yo sentía que por la primera vez un juicio verdadero acontecía. Tal administración de la justicia es lo que nosotros siempre hemos esperado darse cuenta en El Salvador. Ahora cada uno de nosotros hemos sido tocados de una manera que nos inspira a continuar este camino."

Maria Julia Hernandez
Directora, Tutela Legal, la Oficina Legal de la Ayuda del Archdiocese de El Salvador