El Centro de Justicia & Responsabilidad junto (CJA) junto con la firma de abogados de Tennessee Bass, Berry & Sims, representan cinco individuos quienes han demandado al comandante salvadoreño Nicolás Carranza por tortura, asesinato extrajudicial y crímenes de lesa humanidad. La acusación la han presentado Matt Eisenbrandt, Director Legal de CJA, la Profesora Carolyn Patty Blum, Asesor Legal de CJA, y David Esquivel de Bass, Berry & Sims. La abogada internacional de CJA, Almudena Bernabeu es también parte del equipo legal de la acusación.

El caso esta precedido por otros dos entablados por CJA (Doe v. Saravia y Romagoza et. al. v. Garcia & Vides Casanova) los cuales envuelven violaciones a los derechos humanos cometidas durante la brutal represión militar y guerra civil que tuvo lugar en los annos 80.

En el presente caso, Chávez v. Carranza, el demandado, Coronel Nicolás Carranza fue el viceministro de Defensa de El Salvador desde Octubre de 1979 hasta Enero de 1981 y mas tarde como Director de la Policía de Hacienda desde Mayo de 1983 hasta Mayo de 1984. Este es el primer caso en el que se le pide a un jurado norteamericano que delibere y encuentre a un comandante culpable por crímenes de lesa humanidad – ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Este caso a diferencia de los que le preceden es único además por que el jurado tendrá que considerar la conexión entre los escuadrones de la muerte compuestos por hombres de civil y las fuerzas de seguridad salvadoreñas con quienes trabajaban.

El 1 de Noviembre a eso de las 9 de la mañana ingresaron los demandantes a la sala de juicio del Distrito Federal del Juez Jon P. McCalla en Memphis, Tennessee. El jurado, compuesto por seis mujeres y cuatro hombres de 27 a 67 años de edad, tomó asiento.

Argumento de Apertura de los demandantes,

El abogado David Esquivel, socio de la firma de Tennessee Bass, Berry & Sims, comenzó la exposición inicial del caso presentando al jurado brevemente a cado uno de los cinco demandantes. Indicando las alegaciones hechas por torturas, asesinato extrajudicial, y crímenes de lesa humanidad. Esquivel explicó mas tarde al jurado la vinculación del Coronel Nicolás Carranza con cada uno de los casos de los demandantes. Carranza es ciudadano estadounidense viviendo en Memphis, Tennessee desde hace veinte años.

Carranza fue alto mando de las Fuerzas Armadas Salvadoreñas como viceministro de Defensa desde 1979 hasta 1981. Durante ese periodo 10,000 murieron a manos de las fuerzas de seguridad del estado. El abogado enfatizó que el Coronel Carranza incumplió su deber de prevenir abusos a los derechos humanos cometidos por militares y de castigar a los responsables de dichos abusos. Así mismo señalo que ninguno de los responsables por lo sufrido por los demandantes ha sido acusado o condenado formalmente. Esquivel alegó que el Coronel Carranza igualmente dio luz verde a sus subalternos para que continuaran cometiendo estos actos de terror.

El abogado también relató que en 1983 el Coronel Carranza fue nombrado director de la Policía de Hacienda, una división de las fuerzas de seguridad conocida por llevar a cabo detenciones ilegales de un sinnúmero de civiles y el uso sistemático de tortura, incluyendo la de Daniel Alvarado. Esquivel contó al jurado que presentaría pruebas que demostrarían que el Coronel Carranza confeso a funcionarios estadounidenses que la Policía de Hacienda cometía abusos. A pesar de que el acusado reconoció ejercer responsabilidad de mando sobre los subalternos, nunca disciplinó ni castigó a ningún integrante de la Policía de Hacienda por tortura o abusos a los derechos humanos cometidos durante su mando.

El abogado Esquivel terminó su exposición inicial solicitándole al jurado llegar a la conclusión de que los cargos presentados por los demandantes constituyen crímenes de lesa humanidad, y que el Coronel Carranza fue responsable por dichos crímenes como integrante del alto mando militar. Por ello el jurado deberá determinar una indemnización por daños y perjuicios como símbolo de la justicia debida a los demandantes y a todos los Salvadoreños.

Argumento de Apertura de la Defensa,

Robert Fargason, abogado del acusado presentó un breve resumen de la defensa. Describió al coronel Carranza como una persona de vida ejemplar, trabajando en finca raíz al llegar a EEUU tras su retiro de las fuerzas armadas Salvadoreñas y más tarde como jefe de seguridad del museo Brooks en Memphis Tennessee hasta su retiro. El coronel Carranza ascendió en el ejercito tras graduarse como el mejor alumno de la Escuela Militar Salvadoreña, donde sobresalió en las materias de táctica, operaciones, artillería, y caballería.

Fargarson describió el periodo de 1979-80 como un tiempo turbulento en El Salvador, durante el cual los comunistas marxistas-leninistas al igual que en Guatemala, Honduras, y Nicaragua intentaban apoderarse del país. También señaló que los grupos indoctrinados, tales como el FPL y el FMLN se organizaron para derrocar al gobierno Salvadoreño con armas suministradas por Cuba, Rusia, y Angola. Fue en este contexto de guerra civil, disturbios y desorden social cuando el Coronel Carranza fue nombrado Viceministro de Defensa.

En el desempeño de su cargo, según la defensa, el Coronel Carranza estaba totalmente subordinado al Ministro de Defensa Eugenio García, por ser el único con poder para impartir ordenes. El abogado Fargason enumeró los cargos posteriores de Carranza como director de ANTEL, la compañía Salvadoreña de telecomunicaciones, y como director de la Policía de Hacienda, adonde fue enviado para mejorar la mala reputación de las fuerzas de seguridad.

Fargarson se refirió a los demandantes señalando que de todos ellos solo Daniel Alvarado había tenido contacto directo con el Coronel Carranza. También alegó que el señor Alvarado tuvo la oportunidad de denunciar que fue torturado en la rueda de prensa y que el Coronel Carranza no hizo nada para impedirlo. Por otra parte el abogado observó que Francisco Calderón era pariente del General García lo que supuestamente le facilitó el haber podido solicitarle ayuda para que se investigara el asesinato de su padre.

Fargarson terminó su exposición inicial enfatizando que el gobierno estadounidense apoyaba a las Fuerzas Armadas Salvadoreñas en la lucha contra el comunismo. Declaró que el Coronel Carranza fue remunerado por una agencia gubernamental de EEUU por lo que era poco probable que fuera el criminal que alegan los demandantes.

Testimonio de los demandantes,

Erlinda Franco

Erlinda Franco viuda de Manuel Franco, uno de los seis líderes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) asesinados, testificó primero. El FDR fue una coalición política que buscaba un cambio pacífico y democrático para El Salvador. Franco, junto con los demás lideres del FDR fue secuestrado en una escuela secundaria católica la cual en el momento del secuestro, según los testimonios, se encontraba rodeada por fuerzas militares. Su cuerpo fue hallado junto al de sus compañeros con visibles muestras de tortura y acribillado a balazos un día después de su secuestro a la orilla de una carretera a las afueras de San Salvador.

Cecilia Santos

Cecilia Santos, relató que a los 27 años de edad fue acusada falsamente de haber puesto una bomba en un centro comercial mientras compraba un regalo de cumpleaños. Fue detenida y llevada por hombres de civil al edificio principal de la Policía Nacional donde fue torturada y fue victima de abuso sexual. Cecilia explico que más tarde fue trasladada a la cárcel de mujeres donde permaneció tres años como prisionera política.

Francisco Calderón

Francisco Calderón, testifico que su padre, maestro de escuela y uno de los 22,000 miembros del sindicato de maestros ANDES 21 de Junio, fue asesinado en su casa. Francisco Calderón se encontraba junto a su padre en el momento del asesinato.

Ana Patricia Chávez

Ana Patricia Chávez narró al jurado que su madre miembro del Partido Demócrata Cristiano, fue golpeada y asesinada por individuos de civil tras que estos se adentraran por la fuerza en su casa un Domingo por la mañana. Los mismos individuos acabaron a tiros con la vida de su padre y su marido.

Daniel Alvarado

Daniel Alvarado, era estudiante universitario activo en asuntos de la universidad. Mientras asistía a un partido de fútbol fue secuestrado y conducido a las instalaciones de la Policía de Hacienda. Allí fue torturado por agentes del mismo cuerpo bajo la dirección del jefe de inteligencia. Inmediatamente fue obligado a firmar una confesión en la que admitía la autoría de un crimen que no cometió, el asesinato del agregado militar estadounidense, teniente coronel Albert Schaufelberger. Daniel Alvarado fue presentado en rueda de prensa donde fue obligado a confesar públicamente su responsabilidad en el asesinato. Después de permanecer dos años y medio en la cárcel como prisionero político huyó a Suecia donde obtuvo asilo político.

El jurado escuchó a cada uno de los demandantes a medida que testificaban sobre las torturas que habían experimentado así como relataban los asesinatos de sus seres queridos. El jurado también escuchó a un testigo ocular del secuestro de uno de los lideres del FDR quien observó vehículos militares alrededor del colegio donde los lideres del FDR estaban reunidos y de donde fueron secuestrados.

Testimonio de Expertos,

Ex Embajador Robert White

Los demandantes llamaron a testificar al ex Embajador Robert White, embajador estadounidense en El Salvador desde 1980 a 1981.

El embajador White declaró que El Salvador es uno de los países de dictadura militar de más larga duración en la región, y donde el porcentaje de campesinos sin tierras era entre los más altos del mundo. A diferencia del argumento de apertura del abogado Fargarson, el Embajador White enfatizó que El Salvador no estaba dominado por comunistas armados y entrenados en Cuba o Nicaragua desde 1979, sino que más bien el numero de guerrilleros armados era menos de quinientos. La realidad en cambio era que miles de civiles fueron reprimidos brutalmente realizaban manifestaciones pacificas para exigir cambios democráticos, por lo que fueron reprimidos brutalmente por el gobierno controlado por los militares.

White le relató al jurado el golpe de estado de 1979, organizado por un grupo de jóvenes oficiales idealistas dedicados a remover a los de la extrema derecha y así purgar a las fuerzas armadas y de seguridad de los violadores a los derechos humanos. Señaló que la Junta que llegó al poder en poco tiempo fracasó porque el verdadero poder nunca pasó del grupo del Coronel Carranza y General García, quienes posiblemente buscaban darle una imagen de reforma a sus acciones, pero que en realidad nunca tenían la intención de permitir a civiles gobernar el país. Refutando la tesis de la defensa de que Carranza era simplemente un asistente administrativo al Ministro de Defensa García, el Embajador White describió a Carranza como el comandante operativo de las fuerzas armadas y de seguridad Salvadoreñas, mientras que el general García era “el relaciones publicas.” Señaló que los dos eran inseparables y que él específicamente solicitaba la presencia de Carranza en las reuniones que se realizaban para disminuir los abusos de las fuerzas de seguridad, dado que era necesario tener su compromiso con la meta de detener dichos abusos para que se pudieran realizar mejoras.

Coronel José Luis García,

José Luis García Coronel retirado del Ejercito Argentino, fue juramentado el miércoles en la tarde del dos de noviembre en su calidad de experto en materia militar Salvadoreña al igual que de sus leyes y reglamentos. Durante su testimonio, el director del Center for Justice & Accountability, Matt Eisenbrandt, ofreció en evidencia varios códigos militares y convenciones aplicables a las fuerzas armadas Salvadoreñas durante el tiempo que el Coronel Carranza era el Viceministro de Defensa y director de la Policía de Hacienda. Cuando se le solicitó describir los deberes de un comandante, García declaró que los deberes principales eran mantener disciplina e impartir ordenes a los subalternos, al igual que mantener el estricto cumplimiento con las leyes nacionales e internacionales. García se fundamentó específicamente en artículos de la Ley Orgánica de Defensa Salvadoreña y enfatizó la responsabilidad que asume un superior por las violaciones y abusos cometidos por sus subalternos. García explicó también que El Salvador estaba obligado a seguir los tratados de Londres y Tokio al igual que las convenciones de Ginebra, los cuales prohíben a gobiernos cometer crímenes contra la humanidad en tiempos de conflicto interno. Dichos acuerdos también estipulan la obligación de un comandante para asegurar que sus subalternos no atenten contra la vida de la población civil.

Profesora Terry Karl

El 7 de noviembre la profesora Terry Karl de la Universidad de Stanford ofreció su pericia con respecto de la campaña sistemática y generalizada de terror que las fuerzas armadas llevaron contra la población civil. También hablaría sobre el control que el Coronel Carranza ejercía sobre los subalternos bajo su mando que cometían abusos a los derechos humanos, al igual que el incumplimiento con su deber de tomar las medidas razonables y necesarias para prevenir o castigar dichos abusos.

Aparte de su experiencia académica extensa, la Profesora Karl basó su testimonio en sus numerosas visitas a El Salvador, las cuales le permitieron presenciar personalmente la violencia generada por el estado y entrevistar a todo el espectro de actores militares y políticos. Sus conocimientos también se basaban en el papel que desempeñó como consultora para el congreso estadounidense en las negociaciones de paz que terminaron el conflicto salvadoreño en los años 1990. Refiriéndose a varios comunicados, documentos legales, y artículos periodísticos, señaló al Coronel Carranza como uno de los más poderosos del régimen dictatorial. La profesora Karl también esbozó el papel de Carranza en el vinculo entre las fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte, y relató en detalle varias masacres y crímenes cometidos por las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad durante el tiempo que el acusado era el Viceministro de Defensa y el director de la Policía de Hacienda. Varios comunicados de la embajada estadounidense confirmaban que Carranza tenia conocimiento de los abusos cometidos por la Policía de Hacienda mientras él era director. La profesora Karl también declaró sobre una serie de comunicados que detallaban el conocimiento especifico que el Coronel Carranza tenia de la captura y encarcelación del demandante Alvarado en los recintos de la Policía de Hacienda. Presentó durante su testimonio un segmento del noticiero NBC Nightly News para que el jurado viera cómo el gobierno estadounidense había determinado que Alvarado había sido torturado y obligado a firmar una confesión falsa. La profesora Karl explicó que la presión estadounidense para investigar este crimen resultó en la destitución del Coronel Carranza de la Policía de Hacienda. Por ultimo la profesora terminó su testimonio detallando las varias medidas que Carranza pudo haber tomado para prevenir y castigar estos abusos y recalcó el hecho de que ni un solo oficial desde 1980 hasta 1984 tuvo que rendir cuentas por abusos a los derechos humanos.

La versión en español está porvenir.

Defendant’s Witnesses

Leonel Mejia

Mr. Leonel Mejia, a Salvadoran businessman, testified that he has known Carranza since 1975. He told the jury that his company donated thirty beds and mattresses to Carranza, when he was Director of the Treasury Police, to help improve the conditions for the prisoners.

Alejandro Dagoberto Marroquin

Mr. Marroquin, another Salvadoran businessman, testified that he has known Carranza since 1974. He told the jury that his construction company donated paint to Carranza, when he was Director of the Treasury Police, in order to upgrade the cells in the Treasury Police.in

Jose Antonio Araujo

Jose Antonio Araujo was called as an expert witness on Salvadoran military law. Araujo declared that his educational background included some studies in agronomical engineering, theology, and a law degree from the Military University of El Salvador. Upon graduation in 1998, Araujo served as professor and academic administrator of that university, which offered studies in military law and criminal procedure, although Araujo never specified the actual courses he himself had taught. When asked to refer to Article 26 of the Organic Law, Araujo testified that in his expert opinion this article did not confer on the Vice Minister of Defense direct command responsibility. He stated that, instead, the Vice-Minister’s role was administrative in nature. However, he did testify that as director of the Treasury Police, Carranza would have had command responsibility over that unit.

On cross examination, plaintiff's counsel, David Esquivel, drew Araujo’s attention to Article 26 of the Organic Law, specifically the Vice Minister's duty to ensure discipline among members of the armed forces. After a series of questions, Araujo conceded that Carranza's duties did extend to the security forces. He also testified that although Carranza mainly served as a link between the Minister and the head of the General Staff, this did not eliminate his independent responsibility to ensure discipline. Plaintiff's counsel then directed Araujo's attention to the Military Code of Justice, specifically Article 186. Araujo conceded that the article gave Carranza authority to discipline those who committed abuse, and that as Vice Minister, he was one of only two people who had the legal authority to terminate employment of military personnel.

Julio Romero Talavera

Mr. Romero, a 56-year old Costa Rican citizen, explained to the jury that he used to be a commercial and private pilot in Latin America. On a flight from Nicaragua to rescue several wounded guerillas in El Salvador, Mr. Romero was captured by the Salvadoran Air Force and held for over four years in various prisons of the Air Force, Army and Security Forces. The majority of that time was spent at the Treasury Police Headquarters. When Mr. Romero learned that Col. Carranza had become the new director of the Treasury Police, he notified the director of his situation. He said that after meeting with Carranza, his situation improved tremendously. Mr. Romero told the jury that he believes that Carranza "saved his life" by transferring him from solitary confinement into a special room in the Treasury Police public jail area and then to the Santa Ana prison before his eventual transfer to the prison at Mariona. In 1985, he was released in a prisoner exchange engineered by the Duarte government in which Duarte’s daughter, abducted by the FMLN, was exchanged for twenty-four prisoners, including Romero.

On cross-examination, Mr. Romero told of his horrific experiences of torture. After his capture by the Air Force, he was held by the Army. He was then transferred to the National Guard Headquarters where was tortured. He was tortured again at the National Police Headquarters and again on his transfer to the Treasury Police Headquarters. He described how the physical torture he experienced there paled in comparison to the state of pure terror he felt at this point. He then spent over two years in solitary confinement in the Treasury Police Headquarters with periodic harassing visits from the Treasury Police Director Francisco Moran. He explained that he was charged with sedition and sentenced to twenty-five years in prison; he described the lawyer he was assigned as a "dummy," as in a puppet of the military tribunal that sentenced him.

Colonel Nicolas Carranza

Colonel Carranza began his testimony Wednesday in the late afternoon. He spent the rest of the day and the following morning telling the jury about his work experience as a security guard at the Memphis Brooks Museum and personal background since his arrival to the United States in the mid 80's. He then described his military training and experience in El Salvador.

Defendant’s counsel, Bob Fargarson, next turned to his position as Vice Minister of Defense and questioned him about his legally imposed duties under Salvadoran law. Carranza explained that his duties under Article 26 of the Organic Law were restricted to an advisory or administrative nature, and that in everything he was subordinate to Minister of Defense Garcia, who was the only one who had power to issue direct orders.

With respect to the FDR murders, Carranza relied on a cable from Ambassador White that recounted a meeting he attended with the Ambassador and others in which her personally proposed an investigation into the crimes. He stated that he did not take any further action as that would be beyond his stipulated, assigned duties. Carranza also stated that he did not know of the plaintiffs’ claimed abuse while he was Vice Minister of Defense.

After moving from the Ministry of Defense through management positions in the state run telecommunication and energy companies, Carranza returned to military service as director of the Treasury Police. Carranza testified that he was involved in the efforts to improve the image of the institution, by inspecting the headquarters, visiting Treasury Police outposts as well as obtaining paint and bed donations to improve the living conditions of the prisoners. The defendant declared that he did not know of plaintiff Alvarado's torture. He stated that if Alvarado had told him about it, he would have come to his aid as he had done for Julio Romero. He also declared that he removed the subdirector after he failed to comply with his order to report on what had happened to Alvarado. Throughout his testimony Carranza stated that the allegations against him were the product of communist propaganda and noted that in the end the subversive FPL group had actually claimed responsibility for the Schaufelberger murder.

Counsel for the plaintiffs David Esquivel cross examined Carranza. He first elicited agreement from him about the importance of subordination and discipline as the principal teachings of his military education and career. He also determined that his specialty as a military officer was in tactics and operations. Although Carranza admitted that he was aware of the many allegations of abuses by the military during his time as Vice Minister, he declared that they were not specific enough to warrant investigation.

Carranza continued to assert that amidst the widespread accusations of abuse, his role was limited to proposing investigations and that he had no power to follow up on them himself. Referring to the FDR murders, plaintiff's counsel referenced a cable from Ambassador White reporting on a conversation that US military attache Brian Bosch had with mid-level Salvadoran military officers expressing approval of the FDR killings. Carranza was at the meeting and endorsed this position.

Esquivel continued by questioning Carranza about his responsibility to discipline subordinates, according to Article 186 of the Military Code of Justice. Although the article itself gives the Vice Minister clear power to take disciplinary measures, Carranza insisted that such power had to be understood within the context of the subordination principle, which meant that he as Vice Minister could only have taken such action under the authorization of the Minister of Defense.

After conceding that he had command authority over the army as Vice Minister of Defense, Carranza refused to accept personal responsibility for the Sumpul massacre, in which the Army participated, and argued that command authority was shared with others.

As plaintiff's counsel questioned Carranza on his role as the director of the Treasury Police, Carranza continued to declare that he did not recall any one being prosecuted for torture or extrajudicial killings. Esquivel brought up how US pressure resulted in Carranza's removal from the Treasury Police, and that the replacement director disbanded the intelligence unit as one of his first actions to clean up the department.

On a number of occasions, Carranza’s testimony deviated from statements he had made at his deposition. Col. Carranza kept referring to his deposition testimony as a mistake.

Carranza acknowledged the existence of death squads but insisted that they were composed of elements from the left and right and denied any military involvement in them. As Esquivel went over each of the plaintiff's claims, Carranza agreed that nothing could justify the abuse they suffered, and declared that his heart went out to the plaintiffs for what they had gone through. He further stated that he understands their desire to seek redress, but that they were wrong to pursue him as the one responsible. But Esquivel made sure that Carranza stated unequivocally on the record that torture and extrajudicial killing were not justified in any circumstances.

On redirect counsel for the defendant Fargarson referred to Carranza's deposition in which he recalled the names of a few officers who had been prosecuted and convicted for committing abuses. He also asked Carranza to confirm that as Vice Minister of Defense he had no power to issue any orders without going through Garcia, and that he had no operational or tactical command over any units.

At the end of the trial day, Judge McCalla discussed jury instructions with Carolyn Patty Blum and Bruce Brooke. Blum wanted to clarify some wording in the command responsibility instruction regarding the element of knowledge. The plaintiffs prevailed in obtaining the wording suggested in their initial proposals; the draft instructions were revised to conform to the prevailing international and domestic standards. Brooke raised several additional concerns, most of which did not result in changes to the instructions.

The only remaining witness for the defendant was his wife, Norma Carranza.