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Cuestión de justicia, no de venganza

La justicia de EEUU condena a un ex viceministro salvadoreño a indemnizar a cinco familias víctimas de torturas

JUAN JOSÉ DALTON - San Salvador

ELPAIS.es - Internacional - 21-11-2005 “El que sufrió no se venga al pedir justicia”, expresó a manera de conclusión la abogada española Almudena Bernabeu, quien representó a cinco víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la guerra civil salvadoreña en un sonado juicio celebrado en la ciudad estadounidense de Memphis que finalizó el viernes pasado y que encontró culpable de crímenes de lesa humanidad al coronel retirado y ex viceministro de Defensa de El Salvador Nicolás Carranza. El ex oficial tendrá que pagar en total seis millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas por daños y perjuicios.

Almudena Bernabeu, de 33 años y nacida en Alicante, pero residente en Estados Unidos, aseguró estar orgullosa por haber representado a cinco salvadoreños; unos fueron torturados y los familiares de otros fueron asesinados por los militares. “Estoy alegre porque ganamos el juicio, pero el mensaje a EE UU y a El Salvador es que no hay meta política ni económica que justifique la muerte y el dolor de miles de personas. La impunidad del responsable nunca fue la elección de la víctima, sino de quienes fueron responsables del daño. Estos casos han sido ganados y quienes trabajamos en ellos intentamos que esta confusión conceptual termine. El que sufrió no se venga por pedir justicia y solo él, si quiere, es quien puede perdonar”, aseguró la abogada, que forma parte del Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, en sus siglas en inglés), el mismo que ha ganado otros dos juicios civiles contra altos oficiales salvadoreños, así como casos similares en Chile, Honduras y Bosnia.

El coronel Carranza fue un “todopoderoso hombre de uniforme” entre 1979 y 1983, cuando estuvo a cargo del Viceministerio de Defensa en el departamento de Seguridad Pública que tenía bajo su mando a las extintas policías

militarizadas: Guardia Nacional (GN), Policía Nacional (PN) y Policía de Hacienda (PH). De esta última fue jefe en 1983. Además del poder acumulado internamente, Carranza era el hombre de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), institución a la cual el ex embajador estadounidense en aquel momento en San Salvador, Robert White, recomendó “apartar de sus filas por su desprestigio”, según afirmó el ex diplomático en el juicio celebrado en Memphis entre el 31 de octubre y el 18 de noviembre pasado.

Sentado en el banquillo de los acusados, Carranza negó todos los cargos y hasta dijo que fue “buena gente” con los presos políticos en la PH, y como prueba de ello argumentó una gestión que hizo para conseguir colchones para que los presidiarios no durmieran en el suelo.

De acuerdo con el veredicto del jurado, compuesto por nueve ciudadanos estadounidenses, el ex oficial tendrá que pagar en total seis millones de dólares (1,5 millones para cada una de las cuatro demandantes) en indemnizaciones a las víctimas por daños y perjuicios, así como por daños punitivos. Un quinto caso, el de Ana Patricia Chávez, a cuyos padres asesinaron por ser maestros organizados, quedó anulado en Memphis, pero con posibilidades de ser llevado nuevamente a los tribunales de otro Estado de EE UU.

El caso Carranza es importante a nivel histórico. Una de las demandantes, Erlinda Franco, es la viuda de Manuel Franco, uno de los seis máximos líderes del Frente Democrático Revolucionario (FDR) que fueron secuestrados, torturados y asesinados el 27 de noviembre de 1980. “En el momento de ser asesinados nuestros compañeros [entre ellos el empresario Enrique Álvarez Córdoba, presidente del FDR], hacíamos gestiones ingentes para que el conflicto interno no desembocara en una guerra, pero con aquello ya fue imposible... Doce años duró la guerra, con 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos”, señaló Rubén Zamora, uno de los que tuvieron que encabezar el movimiento cívico no armado después de aquella acción, que hasta ahora no tiene ninguna reparación judicial y que en El Salvador no se puede juzgar por la vigencia desde 1993 de una Ley de Amnistía General.

“Lo más importante para nosotros fue establecer la responsabilidad de los mandos en los crímenes. Nadie acusó a Carranza de implicación directa en los asesinatos. La teoría de responsabilidad es la que conocemos como teoría de comando, o de mando en el mundo anglosajón. Es la teoría que, por cierto, se instaura con los tribunales internacionales de Nuremberg, cuando EE UU y los aliados juzgaron a la cúpula nazi en Alemania. Esa teoría nos indica que los superiores responden por lo que hagan sus subalternos, además, por no evitar y por no castigar sus delitos”, finalizó la joven jurista, Almudena Bernabeu, que también ha llevado a la justicia en EE UU a los ex ministros de Defensa de El Salvador, Eugenio Vides y Guillermo García, así como al capitán Álvaro Saravia, a quien un tribunal de California encontró culpable de haber participado en el asesinato del Arzobispo Óscar Romero, en 1980.