Satisface juicio contra ex coronel salvadoreño en EU

Nicolás Carranza fue viceministro de la Defensa Nacional en el país centroamericano y se le acusa de torturas y asesinatos políticos

Juan José Dalton
Especial para La Opinión

12 de diciembre de 2003

SAN SALVADOR.— Activistas de derechos humanos y líderes políticos salvadoreños manifestaron ayer su complacencia por el proceso judicial iniciado en Estados Unidos contra un ex viceministro de la Defensa Nacional y ex coronel del Ejército, Nicolás Carranza, a quien se acusa de torturas y asesinatos políticos en la década de 1980.

Nicolás Carranza, de 70 años de edad y en la actualidad ciudadano estadounidense, fungió como viceministro de Defensa, en el área de seguridad pública, entre 1979 y 1981. Fue demandado el 10 de diciembre por varios salvadoreños residentes en Estados Unidos y El Salvador, ante un tribunal de Memphis, Tenesse, según el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA).

Medios de prensa de Estados Unidos vinculan al coronel retirado con la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“Creo que las resistencias que existen en El Salvador para juzgar a los violadores de los derechos humanos se van venciendo. En algún momento esos juicios tendrán que hacerse en El Salvador”, aseguró Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA).

Causa de la demanda

En total, siete salvadoreños representados por CJA y la firma de abogados de Tenesse, Bass, Berry and Sims, demandaron al coronel retirado Nicolás Carranza por graves torturas, y entre otros asesinatos, el cometido contra siete dirigentes, entre ellos su presidente y empresario Enrique Alvarez Córdoba, del Frente Democrático Revolucionario (FDR), ocurrido el 27 de noviembre de 1980.

El familiar demandante por el caso de los asesinatos de los líderes del FDR permanece anónimo por el momento, pero en casos de torturas, Carranza es acusado por Ana Patricia Chávez, Oscar Chávez y Haydeé Durán, quienes aseguran ser hijos de Humberto y Guillermina Chávez, líderes de un gremio magisterial y asesinados —en la presencia de sus hijos— por efectivos de la Guardia Nacional (GN) en julio de 1980.

Contra la impunidad

“El proceso contra Carranza y otros que se han celebrado en Estados Unidos representan algo así como un clavo en el ataúd de la impunidad en El Salvador. La justicia llegará aquí...”, enfatizó Cuéllar.

María Julia Hernández, directora de Tutela Legal del arzobispado, dijo estar admirada de cómo la sociedad estadounidenses está haciendo justicia contra los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en El Salvador. “Pero esos procesos deben efectuarse aquí, para que al fin los salvadoreños nos reconciliemos, sanemos nuestras heridas y las víctimas sean reparadas en sus daños”.

CJA demandó y ganó un juicio el año pasado contra dos ex ministros de Defensa de El Salvador, generales retirados Eugenio Vides Casanova y Guillermo García, a quienes se condenó a pagar 54 millones de dólares a tres sobrevivientes de torturas residentes en Estados Unidos.

‘Hay que hacer justicia’

Por su parte, el político centroizquierdista, Rubén Zamora, expresó que “cuando hay que hacer justicia, hay que hacerla. Por los crímenes cometidos en aquella época [antes y durante la guerra civil] nunca debió haber habido una amnistía como la que ahora existe y que impide que dichos casos sean juzgados internamente”.

CJA también abrió hace unos meses un juicio civil contra el ex capitán salvadoreño Alvaro Saravia, uno de los presuntos asesinos del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, ocurrido el 24 de marzo de 1980.

La guerra civil salvadoreña duró de 1980 a 1992 y se tiene un estimado de 75 mil muertos. La Comisión de la Verdad, que patrocinó la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar la violencia política, aseguró que de las denuncias recibidas de violaciones a los derechos humanos, el 60% se refiere a ejecuciones extrajudiciales, 25% a desapariciones y el resto a torturas.

Asimismo indicó que los testigos atribuyeron responsabilidad de los crímenes en un 85% a agentes del Estado; es decir, militares, policías, paramilitares y escuadrones de la muerte.