Baje una version imprimible de las preguntas frequentes.

¿Que son estos casos ?
Son demandas civiles interpuestas en nombre y representación de Teófila Ochoa y Cirila Pulido ambas peruanas y contra dos oficiales del ejército Peruano responsables de la muerte de sus familiares al ser autores de la conocida Masacre de Accomarca que tuvo lugar en Perú en 1985.  Las demandantes llevan adelante este esfuerzo con el fin de obtener justicia para su familia y en nombre de los miembros de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca, todos ellos perdieron a sus seres queridos en la masacre.  Telmo Hurtado Hurtado y Juan Rivera Rondón, quienes ahora viven en Estados Unidos lideraron las patrullas que protagonizaron la operación militar cuyo resultado fue el asesinato de 69 civiles inocentes.

Estos casos son los primeros de esta clase planteados en Estados Unidos por atrocidades cometidas durante la guerra civil en Perú de 1980 a 2000.

La demanda se interpone por el asesinato extrajudicial de los familiares de ambas demandantes y por la tortura que ambas experimentaron al temer por sus propias vidas.  Se plantea también por estimarse que los hechos constituyen un crimen de guerra pues la matanza y la tortura tuvieron lugar en el contexto de una guerra civil y por crímenes de lesa humanidad por constituir además un ataque generalizado y sistemático contra la población civil por parte del gobierno peruano del momento.

El caso contra Hurtado se ha presentado ante la Corte del Distrito Sur de Florida división Miami.  El caso contra Rivera Rondón ante la Corte del Distrito de Maryland división Greenbelt.

¿Quiénes son los acusados?
Telmo Hurtado Hurtado y Juan Rivera Rondón residen en Estados Unidos y eran oficiales del ejército de Perú.  Cuando ocurrió la Masacre de Accomarca en 1985, Hurtado era subteniente y Rivera Rondón capitán  ambos de las unidad Lince, unidad especial de inteligencia contrainsurgente móvil y la cual podía desplegarse con rapidez en diferentes regiones del país. Los demandados comandaban las unidades de patrulla Lince 6 y Lince 7 ambas involucradas en la masacre.

El capitán Rivera Rondón llegó a Estados Unidos a principios de los años noventa y es dueño de una casa en Montgomery County, Maryland.  Actualmente se encuentra en detención por cargos inmigratorios en Maryland.

Hurtado huyó de Perú en 2002 una vez la ley de Amnistía que lo protegía de ser enjuiciado fue anulada mediante decisión de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos.  Actualmente está detenido en el centro penitenciario federal de Miami tras declararse culpable de dos cargos de fraude inmigratorio.

¿Quiénes son los demandantes?
Teófila Ochoa y Cirila Pulido residen en Perú y ambas contaban con doce años de edad en el momento de la masacre. Ambas demandantes sobrevivieron al esconderse con exito de los soldados. Aunque pudo salvarse al escapar, la madre y los hermanos de Teólifa Ochoa fueron brutalmente asesinados. Soldados fuertemente armados también acabaron con la vida de la madre y los hermanos de Cirila Pulido.

Las demandantes y el resto de los supervivientes de la masacre fundaron la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca cuyos miembros eran en su mayoría niños cuando la masacre tuvo lugar.  El objetivo principal de la Asociación es buscar la verdad y justicia para las víctimas.  Teófila y Cirila son miembros de la junta directiva de la asociación y han interpuesto estas demandas en nombre de todos sus miembros.

¿Qué papel desempeñaron Hurtado y Rivera Rondón en los abusos de derechos humanos contra los demandantes?
De conformidad con el contenido de las demandas, en agosto de 1985 el jefe del alto mando político-militar para la zona de emergencia que incluía el distrito de Accomarca,  ordenó a uno de sus oficiales diseñar un plan de operaciones para capturar y/o destruir elementos terroristas en el área de Accomarca conocida como Quebrada de Huancayoc.  Se celebro una reunión con el fin de discutir el plan a la que atendieron, entre otros, Hurtado Rivera Rondón y el comandante de la compañía Lince comandante José Daniel Williams Zapata.

Durante la reunión se explicaron los detalles de la operación en la que dos unidades de la compañía Lince liderarían la operación. Williams Zapata escogió a la unidad Lince 6 al mando de Rivera Rondón y Lince 7 al de Hurtado. Las ordenes fueron considerar a todo lugareño en Quebrada de Huancayoc un terrorista-comunista.

El 14 de agosto de 1985 las patrullas Lince 6 y Lince 7 entraron en Quebrada de Huancayoc. La tropa de Rivera Rondón bloqueó la ruta de escape cercana y Hurtado junto a sus soldados fueron de casa en casa y a la fuerza sacaron a los aldeanos de sus casas. Los soldados llevaron a cabo violaciones de mujeres de la aldea y tras ello forzaron a más de cincuenta personas incluyendo mujeres embarazadas, niños y ancianos a entrar en dos casas. Hurtado dio órdenes a sus tropas de que abrieran fuego contra los edificios y más tarde arrojó una granada a los edificios provocando una explosión seguida de un incendio que acabo con la vida de quienes estaban adentro.

Aproximadamente 69 civiles desarmados fueron asesinados por miembros el ejército durante la operación.

Después de la masacre Hurtado y Rivera Rondón presentaron sendos partes sobre la operación.  En ellos, ninguno de los oficiales hizo mención de su interacción con los civiles en Quebrada de Huancayoc o del hecho de que sus tropas eliminaron docenas de personas.

¿Por qué están encarcelados Hurtado y Rivera Rondón?
Ambos fueron arrestados a finales de marzo de 2007 por las autoridades de inmigración de estados Unidos.  Hurtado, acusado penalmente de mentir en una solicitud de visa en la cual indico que nunca había sido arrestado o condenado de un crimen aunque un tribunal militar lo encontró responsable por abuso de autoridad por esta masacre. Hurtado se ha declarado culpable de los cargos y el 29 de Junio pasado fue sentenciado a seis meses de prisión.

Rivera Rondón se encuentra en detención y fue arrestado por autoridades de inmigración y se ha iniciado su proceso de deportación.

Aunque su rol en la masacre ha sido mencionada en ambos procedimientos ninguno de los cargos presentados son por su responsabilidad en la masacre de Accomarca. Las demandas interpuestas por CJA con ellos buscan proporcionar un espacio a las víctimas supervivientes de la misma y establecer la responsabilidad de ambos demandados en la masacre.

¿Qué esperan lograr los demandantes y CJA con este caso?
En primer lugar los demandantes buscan justicia y con ello un reconocimiento oficial por un tribunal de la culpabilidad de Hurtado y Rivera Rondón por la masacre y lo ocurrido a sus familiares. Las demandantes también representan a los otros miembros de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política del Distrito de Accomarca y a todas las víctimas de la guerra civil que no pueden tener voz por sí mismos.

La demanda es parte del esfuerzo de CJA en establecer la responsabilidad de los violadores de derechos humanos ya sea mediante demandas civiles, penales o mediante contribuir a deportaciones y/o extradiciones.  CJA trabaja con el fin de asegurarse que Estado Unidos y otros países no sean cobijo de criminales de guerra, torturas y otras violaciones de esta naturaleza. Igualmente, todas las víctimas de serias violaciones a los derechos humanos tienen un derecho legítimo a ser reparadas. 

¿Qué resultado esperan?
Si se encuentra culpable a los demandados estarán obligados a pagar a los demandantes una cantidad por daños y perjuicios. Las demandantes tienen el derecho a tomar posesión de cualquier bien de los acusados hasta que la cantidad de la indemnización sea satisfecha. Desafortunadamente el reconocimiento de la culpabilidad no implica tiempo en la cárcel de los demandados.   

¿Cuál es la base legal de la demanda?
La Ley de Acciones Civiles para Extranjeros (ATS) aprobada en 1789 reconoce el derecho de extranjeros supervivientes de violaciones de derechos humanos sin importar donde se cometieron a interponer demandas en tribunales federales de Estados Unidos contra quienes cometieron estos abusos. Esta ley ha sido utilizada con éxito desde los años ochenta en casos por torturas, asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidio y otros serios abusos.  La ley fue confirmada en apelación en 2004 por la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. en el caso de Sosa v. Alvarez-Machain.

La Ley de Protección de Víctimas de Tortura aprobada en 1992 y ratificada por el  Presidente George H.W. Bush reconoce un derecho similar a ciudadanos estadounidenses y extranjeros para demandar por tortura y asesinatos extrajudiciales cometidos en otros países. 

¿Porque no fue presentada la demanda en Perú?
Los sobrevivientes de la masacre han buscado justicia en Perú pero sus esfuerzos se han visto truncados pues los tribunales peruanos no pueden dictar sentencia contra Hurtado y Rivera Rondón por no estar físicamente presentes en Perú. 

Tras salir a la luz pruebas e información sobre la masacre en 1985 se iniciaron  investigaciones paralelas por parte de autoridades judiciales civiles y militares.  Hurtado y Rivera Rondón fueron acusados en un tribunal militar.  La Corte Suprema Peruana señaló que los casos solo podían continuar en la jurisdicción militar y dos años después, una corte militar absolvió a los acusados de homicidio sentenciando solo Hurtado por abuso de autoridad por lo que fue sentenciado a varios años en prisión.  Las sentencias fueron apeladas y confirmadas mas tarde y en 1992 Hurtado obtuvo una sentencia de seis años.  Rivera Rondón y otros fueron exonerados de toda responsabilidad.  A Hurtado se le aplico en 1995 una ley de amnistía aprobada bajo el régimen de Alberto Fujimori.  Antes de la amnistía, Hurtado solo cumplió una parte de su sentencia y durante ese tiempo fue ascendido de rango varias veces.   

¿Qué es CJA?
El Centro de Justicia y Responsabilidad es una organización internacional de derechos humanos dedicada a denunciar la tortura y otras serias violaciones de derechos humanos, poner fin a las mismas y defender los derechos de los supervivientes en busca de la verdad, justicia y reparaciones.

CJA usa litigio estratégico con el fin de exponer y procesar de manera individual a los violadores de derechos humanos, desarrollar leyes que protejan tales derechos y avancen el estado de derecho en países en periodos de transición.

CJA reconoce que la necesidad por justicia es un componente integral del proceso de recuperación de una víctima de tortura y que esa recuperación no puede llevarse a cabo cuando el culpable continua viviendo sin haberse enfrentado a las consecuencias de sus actos.  CJA es pionera en un enfoque del trabajo centrado en el sobreviviente buscando justica que combina representación legal con servicios médicos y psicosociales para la recuperación de los sobrevivientes de tortura y sus comunidades.

¿Quién es parte del equipo legal?
El equipo legal de CJA formado por Matt Eisenbrandt y Almudena Bernabéu y la firma de abogados trabajando de manera gratuita en el caso Morgan, Lewis & Bockius LLP.

¿Puede dar ejemplos de otros casos similares?
El primer caso civil entablado contra un violador de derechos humanos extranjero al amparo de la ATS fue Filartiga v. Peña-Irala. En 1976 la familia de un joven asesinado en Paraguay por la policía descubrió que el inspector responsable por el asesinato estaba viviendo en la ciudad de Nueva York. La familia demandó al inspector haciendo uso de esta ley en 1980 y la Corte de Apelaciones de Nueva York confirmó su demanda lo que  abrió el camino para otros casos al amparo de la misma ley.

Uno de los casos más conocidos fue el caso contra el antiguo presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos. Posteriormente la corte de Estados Unidos le ordenó pagar casi $2 billones a sus víctimas.

En 2004 CJA gano un caso histórico contra el arquitecto del asesinato del Arzobispo Oscar Romero de El Salvador, una de las voces más importantes para la paz, justicia e igualdad en el siglo veinte.

¿Van a poder los demandantes tomar posesión de los recursos de los acusados?
CJA ha recuperado más de $900,000 que el ex miembro del alto mando militar de Haití gano en la Lotería de la Florida.  CJA también ha recuperado más de $300,000 de uno de los dos ex-Ministros de Defensa de El Salvador contra quienes los clientes de CJA ganaron una sentencia de $54.6 milliones en 2002.

¿Por qué una demanda civil? ¿Por qué no un proceso criminal?
Solo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) tiene la autoridad de iniciar procesos criminales.  Existe sin embargo una Ley Federal que otorga jurisdicción a los tribunales de Estados Unidos en casos de tortura cometida en cualquier parte del mundo pero la ley no es de aplicación a otro tipo de violaciones de derechos humanos. Esta ley entró en vigor el 14 de Noviembre de 1994.  DOJ mantiene, por lo tanto, que solo puede procesar casos de tortura que ocurrieron después de Noviembre de 1994.

En Diciembre de 2006 el gobierno finalmente presentó cargos criminales contra Chuckie Taylor, hijo de Charles Taylor, por torturas cometida en Liberia.  Actualmente espera su juicio en Miami.