GUATEMALA: EFRAÍN RÍOS MONTT, DONALDO ALVAREZ RUIZ Y OTROS
HISTORIA DEL CASO: 1999-2005
Rigoberta Menchú Tum, una mujer indígena Quiche que obtuvo el Premio Nóbel de la Paz en 1992 por su trabajo en defensa de los derechos de la población indígena, perdió a toda su familia a las manos del ejército guatemalteco y los grupos paramilitares actuando con el consentimiento del gobierno.
En Diciembre 1999 tras el arresto en Londres del ex-dictador chileno Augusto Pinochet, Menchú y un grupo de organizaciones no-gubernamentales españolas y guatemaltecas interpusieron una querella ante la Audiencia Nacional de España (AN) contra ocho oficiales de alto mando del gobierno de Guatemala. La querella acusaba a los imputados de terrorismo, genocidio, y tortura sistemática a partir de importantes hechos, entre ellos lo ocurrido a la propia historia de Rigoberta Menchú. La madre y hermano de Menchú fueron torturados y asesinados por el ejército. Su padre murió cuando fue quemado vivo junto a otras 38 personas en la Embajada de España en 1982 por miembros del ejército.
Después de que se inicio el caso en 1999, el Fiscal Publico presento un recurso solicitando que no se admitiera a tramite alegando que los denunciantes no habían adecuadamente agotado los recursos internos a su disposición en Guatemala. Los querellantes argumentaron que la justicia en Guatemala había sido repetidamente negada a las víctimas y sus abogados porque habían sido amenazados y los tribunales rehusando continuar con los casos.
En un pequeño atraso para el caso, un bufete criminal en banc de la Audiencia Nacional decretó a favor del Fiscal Publico el 13 de Diciembre, 2000. Los varios acusados apealaron al Tribunal Supremo en Marzo de 2001.
El 25 de Febrero, 2003 el Tribunal Supremo, en una decisión 8 a 7, revocó parcialmente la resolución de la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo señaló que los únicos casos sobre los cuales los tribunales españoles tiene jurisdicción son aquellos relacionados con España, es decir que presentan un interés para la nación española. Esto se tradujo en la admisión solo de aquellos hechos en los que las víctimas eran de nacionalidad española en Guatemala y se descarto el de los querellantes Mayas.
En Marzo 2003, los querellantes apelaron esta decisión ante el Tribunal Constitucional. En una importante decisión, el Tribunal Constitucional el 26 de Septiembre, 2005 revocó por entero la resolución del Tribunal Supremo, diciendo que era la intención de los legisladores convertir a España en un país que observa los principios de “jurisdicción universal” para ciertos crímenes atroces. La decisión estipuló que los tribunales españoles tendrán jurisdicción sobre crimines de importancia internacional—enjuiciables en cualquier jurisdicción de acuerdo con lo establecido en los tratados internacionales incluyendo las Convenciones de Ginebra—sin importar la nacionalidad de la victima ni del acusado. Estos crímenes incluyen tortura, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
CJA oficialmente se unió al caso en 2006. Nuestro papel original era investigar el paradero de uno de los acusados que huyo de Guatemala, el ex-Ministro del Interior Donaldo Alvarez Ruiz. CJA exitosamente localizo a Alvarez Ruiz en México. Aunque una orden de arresto fue hecha apropiadamente para su detención por autoridades españolas, oficiales Mexicanos dejaron escapar a Alvarez Ruiz. Posteriormente huyo el país, y CJA continua investigando su paradero actual.
